La Caja asegura que años de morosidad han limitado inversión en infraestructura, personal y atención médica especializada

La millonaria deuda que el Estado mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social no solo afecta las finanzas de la institución, sino que también ha impedido ampliar servicios médicos, contratar más personal y fortalecer la atención de nuevas necesidades de salud en el país, según advirtió el gerente financiero de la entidad, Gustavo Picado.
Actualmente, la deuda estatal con la Caja ronda los ₡4,4 billones, de los cuales cerca de ₡3,7 billones corresponden únicamente al seguro de salud.
De acuerdo con Picado, si la institución hubiera recibido pagos oportunos por parte del Estado, habría tenido mayor capacidad para invertir en infraestructura hospitalaria, equipamiento médico y nuevos programas de atención.
El funcionario sostuvo que el impacto de la morosidad no solo se refleja en cifras financieras, sino también en servicios que miles de personas dejaron de recibir o que pudieron desarrollarse con mayor rapidez.
Entre las necesidades prioritarias mencionó el fortalecimiento de programas para adultos mayores, especialmente en zonas como Nicoya, donde existe una alta concentración de población longeva.
Según explicó, la Caja analiza modelos de atención más cercanos al hogar para personas con dificultades de movilidad, incluyendo visitas domiciliares y seguimiento especializado.
Picado también destacó la necesidad de impulsar hospitales de día, modalidad en la que los pacientes reciben tratamiento por algunas horas y luego regresan a sus hogares, evitando hospitalizaciones prolongadas.
Además, mencionó programas de seguimiento continuo para pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, mediante personal dedicado exclusivamente al monitoreo y orientación médica.
La institución también busca fortalecer la atención en salud mental, una de las áreas que más demanda presenta en los últimos años.
La CCSS actualmente prepara acciones judiciales para intentar recuperar la deuda acumulada, aunque reconoce que uno de los principales desafíos será la capacidad del Ministerio de Hacienda para cumplir un eventual fallo favorable.
Tras más de dos décadas de convenios y negociaciones sin resultados definitivos, la Caja sostiene que el país debe abrir una discusión más amplia sobre cómo garantizar la sostenibilidad futura del sistema de salud.




