La reducción de ₡40.000 millones al presupuesto de la institución podría afectar la atención de miles de personas en condición de vulnerabilidad en todo el país

La exministra de Salud María Luisa Ávila Agüero y la exdirectora nacional de los CEN-CINAI, Lidia Conejo Morales, advirtieron que el recorte de ₡40.000 millones aprobado para la institución durante este año podría tener consecuencias significativas para la niñez, las madres trabajadoras y las comunidades indígenas, al disminuir la capacidad de atención de uno de los principales programas sociales del país.

Durante sus valoraciones, ambas señalaron que la reducción presupuestaria, impulsada por la fracción oficialista y avalada por mayoría en la Comisión de Asuntos Hacendarios, podría limitar el acceso a servicios esenciales para miles de familias y aumentar las brechas sociales existentes.

«Este Gobierno habla mucho de cárceles, pero ¿qué habla de la prevención?»

Cuestionó Ávila, al asegurar que la falta de inversión en la primera infancia podría traducirse en una generación con menos oportunidades y, a largo plazo, en un incremento de problemas como la drogadicción y la delincuencia.

La exministra también indicó que las consecuencias alcanzarían a las madres trabajadoras, quienes podrían perder un espacio seguro para el cuido de sus hijos e hijas, poniendo en riesgo su permanencia en el mercado laboral y agravando situaciones de pobreza en muchos hogares.

Por su parte, Lidia Conejo Morales afirmó que el monto del recorte resulta considerable para una institución que aún mantiene una amplia demanda de atención. Agregó que los programas de los CEN-CINAI tienen presencia en todo el territorio nacional, incluyendo zonas fronterizas y territorios indígenas, por lo que cualquier disminución en los recursos podría afectar directamente a las poblaciones con mayores necesidades.

Actualmente, los CEN-CINAI cuentan con nueve direcciones regionales y 632 establecimientos distribuidos en el país. De acuerdo con el último informe institucional, durante 2023 se brindó atención a más de 167.000 personas, entre niñas, niños, mujeres embarazadas o en período de lactancia y sus acompañantes, cifra superior a la registrada el año anterior.

El debate sobre el presupuesto de los programas sociales continúa generando reacciones, mientras distintos sectores advierten sobre el impacto que este tipo de decisiones podría tener en la atención preventiva y el desarrollo de las poblaciones más vulnerables del país.