La acusación vincula a los propietarios de Súper Aragón con una presunta red de legitimación de capitales mediante comercios, fincas, ganado y sociedades mercantiles.
El caso también menciona inversiones en fútbol, cuentas bancarias y supuestas alertas sobre operativos policiales.

La Fiscalía sostiene que un supermercado en Cariari de Pococí habría sido utilizado como parte de un presunto esquema para legitimar capitales.

De acuerdo con la acusación, Orlando Aragón, conocido como «Chepe», junto con varios integrantes de su familia, habría colaborado con la organización criminal mediante la adquisición de propiedades, la creación de sociedades mercantiles y la administración de negocios aparentemente legales para introducir dinero al sistema financiero.

El Ministerio Público sostiene que los imputados desempeñaban un papel estratégico al invertir recursos presuntamente ilícitos en bienes inmuebles, actividad ganadera, cuentas bancarias y empresas comerciales, con el objetivo de dar apariencia de legalidad al dinero.

Entre las sociedades señaladas en la investigación figuran:

  • Corporación Astúa Pirie S.A.
  • Corporación Hermanos Aragón de Parrita S.A.
  • Super Pequeños Aragón S.A.
  • Importadora Joed del Caribe S.A.

Supermercado habría servido como fachada, según la acusación

El expediente judicial señala que Súper Aragón, ubicado en Cariari de Pococí, habría sido utilizado como la principal plataforma para administrar bienes, realizar movimientos financieros y ocultar el origen de los recursos investigados.

La Fiscalía también afirma que la familia habría conformado una red de sociedades para mezclar ingresos provenientes de actividades comerciales con dinero presuntamente relacionado con el narcotráfico.

Además, la investigación menciona que un oficial del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) del Ministerio de Seguridad Pública presuntamente alertaba sobre operativos policiales y del Ministerio de Salud, lo que habría permitido ocultar irregularidades como la venta ilegal de licor y cigarrillos de contrabando. Estas afirmaciones forman parte de la acusación y deberán ser conocidas durante el proceso judicial.

Bienes, ganado e inversiones bajo investigación

Como parte del caso, el Ministerio Público identifica diversas adquisiciones que considera relacionadas con el supuesto proceso de legitimación de capitales.

Entre ellas destacan:

  • Un Chevrolet Silverado ZR2 modelo 2023, valorado en $85.900.
  • Un Toyota Hilux modelo 2021.
  • Una finca en Cariari de Pococí, adquirida por ₡292 millones.

La Fiscalía sostiene que estos bienes fueron inscritos a nombre de sociedades mercantiles para ocultar el origen de los fondos utilizados en las compras.

Asimismo, el expediente indica que la organización habría utilizado cuentas en el Banco Nacional y el BAC para captar, fraccionar e incorporar recursos al sistema financiero.

Otro mecanismo descrito corresponde a la compra y posterior venta de ganado en subastas legales, actividad que, según la acusación, habría permitido transformar dinero de presunto origen ilícito en recursos con apariencia legal.

Informes confidenciales e inversiones en el fútbol

La investigación incorpora reportes de inteligencia elaborados entre 2020 y 2022, los cuales ya relacionaban a la familia Aragón con la organización de alias «Diablo».

Según esos documentos, la estructura poseía propiedades en Barra del Colorado, Tortuguero y Cedrales, lugares que presuntamente eran frecuentados por Arias Monge.

El expediente también señala que la familia realizó inversiones y patrocinios en la Asociación Deportiva Cariari Pococí, equipo de la Liga de Ascenso. De acuerdo con un informe del OIJ, las autoridades consideran que este tipo de inversiones constituye una modalidad utilizada por organizaciones criminales para mezclar recursos ilícitos con actividades económicas legítimas.

La causa permanece bajo conocimiento del Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada, donde la Fiscalía buscará sustentar las acusaciones durante el proceso judicial. Las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.