El Tribunal Constitucional admitió un recurso de amparo que cuestiona la devolución de la nómina de candidatos y advierte posibles afectaciones al funcionamiento de la justicia

La Sala IV dio tres días al Congreso para responder por el proceso de elección

La Sala Constitucional admitió para estudio un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa y otorgó tres días hábiles a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, para que rinda un informe sobre el proceso de elección de nueve magistrados suplentes, luego del bloqueo que mantiene la bancada de Pueblo Soberano (PPSO).

El recurso fue presentado por una persona de apellido Delgado, quien cuestiona la decisión de 29 diputados del PPSO de devolver la nómina de candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia y solicitar una nueva lista. El recurrente sostiene que la Asamblea Legislativa no tiene facultad constitucional para devolver discrecionalmente una nómina válida, ya que no existe una norma que autorice ese procedimiento.

Según el documento, la falta de nombramiento de magistrados suplentes podría afectar el funcionamiento de la Sala Constitucional, al dificultar la conformación del quórum necesario para conocer casos, provocar retrasos en la resolución de recursos, suspender audiencias e incrementar la mora judicial.

El recurso también advierte que esta situación podría perjudicar directamente a personas que acuden a la Sala IV para reclamar la protección de derechos fundamentales relacionados con medicamentos, tratamientos médicos y cirugías, debido a los posibles atrasos en la atención de los expedientes.

Asimismo, plantea una eventual afectación a la independencia judicial y al principio de separación de poderes, al considerar que la paralización del proceso constituye una interferencia indirecta en el funcionamiento del Poder Judicial.

Como medida cautelar, el recurrente solicitó que la Asamblea Legislativa se abstenga de suspender, archivar, devolver o reiniciar el proceso de elección y continúe con las votaciones hasta completar los nombramientos. Además, pidió que el procedimiento concluya en un plazo máximo de 30 días naturales.

Tras admitir el recurso, la Sala Constitucional ordenó a Yara Jiménez presentar un informe detallado sobre los hechos y remitir la documentación correspondiente dentro del plazo establecido de tres días hábiles.

Este caso se suma a una resolución previa de la propia Sala IV, ya en firme, en la que el Tribunal declaró con lugar otro recurso relacionado con el mismo tema, anuló la decisión de devolver la nómina de aspirantes y ordenó mantener vigentes las suplencias vencidas desde diciembre mientras la Asamblea cumple con su obligación constitucional de realizar los nombramientos. En esa resolución, además, se devolvió la lista de 18 candidatos al Congreso y se condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.

Tras ese fallo, diputados de Pueblo Soberano presentaron una querella contra cuatro magistrados constitucionales, a quienes calificaron de «golpistas», intensificando la disputa entre el Poder Legislativo y la Sala Constitucional por este proceso de elección.