El consorcio sostiene que hubo maniobras para frenar el concurso y mantener el servicio bajo el permiso temporal actual
El consorcio Applus, una de las empresas precalificadas en el proceso para adjudicar la revisión técnica vehicular en Costa Rica, acusó al Gobierno de realizar acciones dirigidas a mantener a Dekra al frente del servicio mediante el permiso temporal vigente.
La empresa cuestionó la anulación del concurso impulsado por el Ejecutivo y denunció supuestas omisiones de informes técnicos y legales dentro del proceso llevado por el Consejo de Seguridad Vial.
El concurso inició en 2023 con la participación de Applus, TÜV Rheinland y Dekra, sin embargo, esta última quedó fuera del proceso tras no cumplir con los requisitos financieros necesarios para asumir el nuevo contrato, que contemplaba más estaciones, nuevos sistemas informáticos y pruebas adicionales.
Según Applus, el proceso avanzaba normalmente hasta junio de 2025, cuando el entonces presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, anunciaron la intención de anular la precalificación.
La empresa sostiene que esa decisión se tomó sin el aval de la junta directiva del Cosevi y sin una explicación clara para las compañías participantes.
Entre los argumentos señalados por el Ejecutivo figuraba la falta de competencia entre las dos empresas precalificadas, debido a que el país había sido dividido en regiones para adjudicar el servicio entre dos operadores.
No obstante, Applus argumenta que la tarifa está regulada y que el margen competitivo es reducido debido a la naturaleza del servicio.
La compañía también recordó cuestionamientos surgidos desde el proceso temporal de 2022, cuando la empresa sueca Opus Group obtuvo la mejor calificación, pero finalmente el permiso provisional fue otorgado a Dekra.
Además, la Contraloría General de la República había advertido que la precalificación se mantenía firme y llamó la atención sobre las acciones impulsadas posteriormente.
La controversia aumentó luego de que el Cosevi aprobara ampliar el permiso temporal de Dekra hasta por un año, prorrogable mientras se resuelve el proceso judicial relacionado con la anulación del concurso.
Actualmente, el caso se encuentra en manos del Tribunal Contencioso Administrativo tras una demanda por lesividad presentada por la Procuraduría General de la República.
Applus sostiene que esa vía legal podría extender el proceso durante varios años y retrasar una eventual adjudicación definitiva.
Tanto el Cosevi como el ministro Zeledón rechazaron referirse directamente a los señalamientos de la empresa y aseguraron que Dekra continuará brindando el servicio mientras se resuelve el litigio.
