Bancos rechazan ley contra estafas electrónicas aprobada en segundo debate

La Asociación Bancaria Costarricense insiste en que la normativa genera inseguridad jurídica y mantiene vacíos en su aplicación

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) reiteró este miércoles su rechazo al proyecto de ley contra las estafas electrónicas aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa, al considerar que la iniciativa podría generar inseguridad jurídica para las entidades financieras y confusión entre los usuarios sobre sus alcances.

La organización señaló que durante la discusión pública se ha creado la percepción de que los bancos deberán indemnizar automáticamente a todas las personas afectadas por fraudes electrónicos. Sin embargo, indicaron que el texto del proyecto, tramitado bajo el expediente 23.908 en la Comisión Plena III, establece que cada caso deberá ser analizado mediante un procedimiento de investigación por parte de la entidad financiera correspondiente.

Según explicaron, tras recibir una denuncia el banco deberá investigar el reclamo y emitir una resolución sobre si procede o no la devolución del dinero. Posteriormente, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) revisará el caso y, si el afectado no está conforme con el resultado, podrá acudir a la vía judicial.

La ABC también indicó que la ley contempla excepciones en las que las entidades no estarán obligadas a devolver los fondos, como situaciones de auto fraude, dolo por parte del usuario o transacciones realizadas entre cuentas del mismo titular, siempre que estos escenarios sean validados por la SUGEF.

Además, el sector bancario advirtió que la normativa presenta un vacío importante, ya que limita su alcance únicamente a operaciones vinculadas con cuentas bancarias y no incluye transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito.

Ante este panorama, la Asociación Bancaria Costarricense pidió que la población conozca con claridad el alcance real de la ley y planteó la necesidad de trabajar en una nueva propuesta que permita combatir el fraude electrónico, pero con reglas equilibradas para todas las partes.