El decreto firmado por la presidenta Laura Fernández restringe el acceso público a documentos, presupuestos, planes operativos y contrataciones vinculadas con la DIS, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la denominada «Fuerza Élite» La presidenta de la República, Laura Fernández, declaró bajo la figura de «Secreto de Estado» una amplia cantidad de información relacionada con la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado. La disposición fue publicada este lunes en el Diario Oficial La Gaceta, aunque el decreto había sido firmado el pasado 27 de julio. La medida limita el acceso público a documentos, presupuestos, planes operativos, contratos de compras públicas y otra información vinculada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo gubernamental denominado «Fuerza Élite». El decreto también alcanza cualquier coordinación o articulación dirigida por la Presidencia en materia de seguridad y defensa del Estado, así como información relacionada con el reglamento de protección de jerarcas y dignatarios del Poder Ejecutivo. Entre los datos que quedarán bajo reserva se encuentran las tácticas y dinámicas policiales, capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta, protocolos de intervención, recursos tecnológicos y mecanismos de inteligencia utilizados para enfrentar a las organizaciones criminales. La disposición también incluye documentación interna de las instituciones, como sesiones, reuniones, grabaciones, acuerdos, bitácoras y presentaciones relacionadas con las estrategias de seguridad. En materia financiera, el secreto comprende planes presupuestarios, partidas y rubros destinados a la seguridad y defensa nacional. Además, se restringirá el acceso a los expedientes de contratación pública, incluidos estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, financiamiento y ejecución de contratos. La medida aplica incluso cuando las contrataciones sean realizadas con instituciones públicas, consorcios o empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, siempre que estén vinculadas con los órganos contemplados en el decreto o se realicen en su beneficio. La Presidencia y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) justificaron la decisión ante el escenario de criminalidad que enfrenta el país, incluyendo fenómenos como el narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, sicariato y crimen organizado. Según el Gobierno, revelar determinada información podría permitir a grupos criminales identificar vulnerabilidades, evadir controles, afectar operaciones policiales y poner en riesgo a funcionarios de seguridad y sus familias. La obligación de confidencialidad alcanza a jerarcas, policías, personal de apoyo, asesores y funcionarios que participen en estas labores. También incluye a consultores, asesores y contratistas privados, quienes deberán aceptar cláusulas específicas de confidencialidad para prestar sus servicios. El deber de reserva tendrá carácter indefinido, por lo que continuará vigente incluso después de que una persona deje de trabajar o prestar servicios para el Estado. El incumplimiento de las disposiciones podría generar responsabilidades penales por el eventual quebrantamiento del secreto de Estado y, en el caso de contratistas, incluso provocar la resolución inmediata de los contratos. La decisión abre ahora un nuevo escenario sobre el manejo de la información relacionada con seguridad e inteligencia en Costa Rica, particularmente por el alcance que tendrá la reserva sobre documentos, recursos públicos y procesos de contratación vinculados con estas instituciones. Sidney Aguilar Navegación de entradas PLP enfrenta su mayor crisis tras perder representación y sumar nuevas renuncias Presidenta propone transmitir en vivo reunión de Supremos Poderes
