Las autoridades judiciales señalan que un empresario de Cahuita habría utilizado negocios para ocultar dinero presuntamente ligado al narcotráfico
Carlo Vaz McLeod, sospechoso de tráfico de metanfetamina cristalizada, figura en una investigación del Ministerio Público y del OIJ por aparentes movimientos patrimoniales irregulares realizados entre 2020 y 2024, periodo en el que habría invertido en hotelería, turismo, construcción y otros negocios sin demostrar el origen legal de los recursos.
Actualmente, él, su esposa, un hijo y otro sospechoso descuentan seis meses de prisión preventiva.
Según el expediente judicial, durante la pandemia del COVID-19 el empresario realizó adquisiciones y movimientos de bienes en sectores que atravesaban una fuerte crisis económica.
Sin embargo, el análisis financiero y registral detectó ausencia de respaldo documental suficiente que justificara la capacidad económica para sostener esas inversiones.
La investigación señala un patrón repetitivo de traspasos, donaciones y utilización de terceros como aparentes testaferros, de acuerdo con las autoridades, algunas propiedades eran inscritas temporalmente a nombre de otras personas y posteriormente transferidas a sociedades vinculadas al sospechoso en periodos muy cortos, incluso menores a dos meses.
El informe también indica que varias actividades comerciales fueron registradas después de adquirir bienes o consolidar patrimonio, situación que incrementó las dudas sobre la trazabilidad del dinero utilizado.
Entre los negocios identificados por el Ministerio Público figuran un hotel, restaurante, soda, actividades turísticas, un muelle, lanchas, maquinaria pesada, vehículos y una empresa dedicada a materiales de construcción y prefabricados.
Además, la sociedad Fábrica de Láminas de Microconcretos y Baldosas S.A., vinculada al empresario y familiares, registra propiedades en Alajuela y Limón. Una de ellas corresponde a un terreno con tres viviendas.
El OIJ también documentó la adquisición de vehículos de carga, fincas y terrenos mediante donaciones simbólicas o transferencias entre terceros, lo que para los investigadores evidenciaría una estrategia estructurada para ocultar activos y legitimar recursos de aparente origen ilícito.
Dentro del expediente sobresale la compra de una propiedad en Santa Bárbara de Heredia valorada en más de ₡52 millones, así como fincas en Limón y Cahuita, además de maquinaria pesada y embarcaciones.
Las autoridades continúan con el análisis patrimonial y financiero del caso mientras avanzan las diligencias judiciales contra el empresario y las personas vinculadas a la investigación.
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