La organización que agrupa a los contadores públicos pidió a la Contraloría acudir a la Sala Constitucional al considerar que la nueva normativa podría afectar la independencia técnica de los procesos de fiscalización en instituciones del Estado. Especialistas advierten que algunos cambios podrían afectar la autonomía técnica de los órganos de fiscalización en instituciones públicas. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica manifestó su preocupación por los alcances de la reciente Ley de Fortalecimiento de las Auditorías Internas y solicitó a la Contraloría General de la República promover una acción de inconstitucionalidad contra la normativa. Según la entidad, la reforma introduce cambios que podrían generar inseguridad jurídica y comprometer la autonomía con la que operan las auditorías internas dentro del sector público. La posición del gremio surge tras un proceso de análisis en el que participaron más de 200 profesionales dedicados a labores de auditoría, quienes revisaron el contenido de la reforma y discutieron sus posibles implicaciones. De acuerdo con las conclusiones obtenidas, existe una inquietud generalizada sobre los efectos jurídicos y técnicos que podrían derivarse de la aplicación de la nueva legislación. Entre los aspectos señalados destaca la existencia de aparentes contradicciones entre las modificaciones introducidas a la Ley General de Control Interno y otras disposiciones actualmente vigentes, especialmente aquellas relacionadas con la obligatoriedad de atender y ejecutar las recomendaciones emitidas por las auditorías. Para el Colegio, este escenario podría traducirse en incertidumbre para quienes ejercen funciones de fiscalización, particularmente al momento de formular recomendaciones y verificar su cumplimiento dentro de las instituciones públicas. Francisco Ovares, presidente de la organización, indicó que las inconsistencias identificadas en la reforma podrían dificultar el trabajo cotidiano de las auditorías internas y afectar la claridad normativa necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones. Las observaciones del gremio coinciden con advertencias previamente planteadas por la Contraloría General de la República, que también señaló eventuales repercusiones sobre la independencia funcional de estas dependencias y sobre el sistema encargado del control de los recursos públicos. Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la ampliación de facultades para que jerarcas institucionales, entre ellos ministros, alcaldes, presidentes ejecutivos, gerentes y miembros de juntas directivas, participen en la evaluación del desempeño no solo de auditores y subauditores internos, sino también del resto del personal adscrito a esas unidades. Según los especialistas, este cambio podría debilitar la autonomía técnica que históricamente ha caracterizado a los órganos encargados de la vigilancia y control interno dentro del aparato estatal. El debate se presenta además en momentos en que numerosas instituciones desarrollan la formulación de sus presupuestos para el próximo período, una coyuntura que, según el gremio, podría complicar la planificación y operatividad de las áreas de auditoría si persisten dudas sobre el alcance de la nueva normativa. A la espera de la respuesta de la Contraloría General de la República, el sector profesional insiste en la necesidad de revisar el contenido de la reforma para garantizar seguridad jurídica y preservar la independencia de las auditorías internas como un componente esencial de la fiscalización pública. Kembly Guevara Navegación de entradas Economía costarricense reduce su ritmo de expansión en abril Construcción mantiene impulso y aporta al crecimiento económico en abril
