Modista que financió al PPSO con ₡38 millones sigue sin justificar origen del dinero

Una mujer que compró bonos del Partido Pueblo Soberano por ₡38,2 millones sigue sin entregar al Tribunal Supremo de Elecciones la documentación sobre el origen de esos recursos.

Una mujer identificada como Olendia Antonia De Jesús Cruz Sánchez permanece bajo revisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) luego de financiar con ₡38,2 millones al Partido Pueblo Soberano (PPSO), sin que hasta mediados de junio haya presentado la documentación requerida para justificar el origen de ese dinero. El aporte fue realizado mediante la compra de 45 bonos de deuda política destinados a la campaña presidencial de Laura Fernández Delgado.

Revisión abierta en el financiamiento del partido

La información consta en un informe entregado por el PPSO al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) el pasado 15 de enero, donde se detalla que Cruz Sánchez adquirió certificados de cesión de la serie A, del número 1251 al 1295, con un valor nominal total de ₡45 millones, aunque la operación se concretó por ₡38,2 millones, al aplicarse un descuento del 15%.

Según el reporte, el pago se realizó en una sola transferencia bancaria el 24 de diciembre de 2025. De acuerdo con el esquema de financiamiento electoral, estos certificados se cancelan una vez que el partido recibe recursos de la contribución estatal, conocida como deuda política. En este caso, si el PPSO accede a esos fondos, la inversionista recuperaría lo desembolsado y obtendría una utilidad cercana a ₡7 millones.

El jefe del DFPP, Ronald Chacón, confirmó que el expediente sigue abierto y se encuentra en fase de verificación administrativa, específicamente en un estudio de solvencia económica.

Según explicó, el 5 de febrero se remitió un primer oficio a Cruz Sánchez para que aclarara su participación en el financiamiento del partido y presentara pruebas sobre el origen y la trazabilidad de los recursos utilizados en la compra de bonos.

El requerimiento otorgaba 10 días hábiles para responder; sin embargo, el plazo venció el 19 de febrero de 2026 sin que se entregara la información solicitada.

Ante la falta de respuesta, el Departamento reiteró el pedido mediante el oficio DFPP-0700-2026, emitido el 22 de mayo de 2026, con un nuevo plazo de cinco días hábiles para aportar la documentación de respaldo.

A mediados de junio, el TSE seguía sin recibir esa información.

De acuerdo con la consulta pública del Ministerio de Hacienda, Cruz Sánchez figura como desinscrita de oficio desde el 28 de febrero de 2023, aunque aparece al día en sus obligaciones tributarias. Su inscripción como contribuyente se había realizado en enero de 2004.

En los registros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aparece como patrona inactiva, condición que indica que suspendió formalmente su actividad económica y que actualmente no reporta ingresos sujetos a cotización ante esa institución.

Además de la revisión sobre sus ingresos, el expediente contempla información patrimonial. Según datos del Registro Nacional, la mujer tiene cinco propiedades inscritas a su nombre, ubicadas en Aserrí, Barranca de Puntarenas y Nicoya, cuyo valor conjunto ronda los ₡120 millones.

También se indica que mantiene un matrimonio desde hace dos décadas con un ciudadano estadounidense de apellido Sweares, quien, según los registros revisados en Costa Rica, tampoco reporta ingresos formales en el país.

Chacón señaló que el expediente aún no ha sido remitido al Ministerio Público. 

No obstante, recordó que la normativa electoral permite trasladar estos casos a otras autoridades si se determina una negativa injustificada a entregar información o si surgen indicios de eventuales irregularidades sobre el origen de los fondos.

El Código Electoral y el reglamento sobre financiamiento partidario establecen que el DFPP debe investigar posibles anomalías en los recursos que reciben las agrupaciones políticas, con el fin de comprobar su legalidad y garantizar transparencia en el uso del dinero durante las campañas.

Por ahora, el proceso continúa en sede administrativa y a la espera de que la financista entregue la documentación que el Tribunal le ha solicitado desde febrero.