La investigación del OIJ sostiene que las tres estructuras criminales habrían coordinado el abastecimiento y distribución de drogas en distintos sectores de la provincia de Limón

El expediente judicial del caso Riverside detalla que, según la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), existía una presunta alianza entre Edwin López Vega, alias «Pecho de Rata»; Alejandro Arias Monge, alias «Diablo»; y Herald Ruiz Vargas, alias «Guato», para abastecer y distribuir drogas en diferentes comunidades de la provincia de Limón.

De acuerdo con la causa penal 22-001687-0063-PE, la investigación inició sobre una organización que operaba principalmente en Valle La Estrella. Tras realizar compras controladas de droga, vigilancias e interceptaciones telefónicas, los agentes concluyeron que esta estructura, presuntamente, funcionaba como una célula vinculada a la organización liderada por alias «Diablo».

Según el expediente, alias «Guato» era el encargado de dirigir las operaciones en Valle La Estrella y sectores cercanos, coordinando puntos de venta, distribuyendo sustancias ilícitas y ejecutando las instrucciones provenientes de los niveles superiores de la organización.

Uno de los principales elementos incorporados al expediente corresponde al análisis forense de teléfonos celulares decomisados a Randall Delgado, identificado por las autoridades como un hombre de confianza dentro de la estructura investigada. En esos dispositivos, los agentes localizaron conversaciones que, según el OIJ, evidenciarían coordinaciones y relaciones comerciales con Edwin López Vega, alias «Pecho de Rata».

La Policía Judicial sostiene como hipótesis que la droga distribuida en los puntos de venta administrados por alias «Guato» era suministrada por la organización de «Pecho de Rata», utilizando como intermediaria la estructura dirigida por alias «Diablo».

Las interceptaciones telefónicas también describen, según el expediente, una cadena de abastecimiento en la que se mencionan cantidades de droga medidas en onzas, libras y kilogramos, así como conversaciones relacionadas con pagos y movimientos de dinero que, para los investigadores, apuntan a una operación de distribución a gran escala.

Cabe recordar que la información contenida en el expediente corresponde a la hipótesis de la investigación del OIJ y forma parte de un proceso judicial en desarrollo, por lo que la responsabilidad penal de las personas señaladas deberá ser determinada por los tribunales de justicia.