La acusación presentada contra la organización liderada por Alejandro Arias Monge detalla que utilizaban una modalidad para recuperar droga lanzada al mar y abastecer operaciones de narcotráfico en el país

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos presentó ante el Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) una acusación en la que detalla el funcionamiento de la organización criminal liderada por Alejandro Arias Monge, conocido como alias «Diablo». Según el expediente, la estructura obtenía cargamentos de cocaína mediante una práctica conocida en el mundo del narcotráfico como «basureo».

De acuerdo con la investigación, esta modalidad consiste en recuperar alijos de droga que permanecen a la deriva en el mar luego de ser lanzados desde embarcaciones para evadir controles policiales o tras incidentes ocurridos durante su traslado hacia Costa Rica.

La acusación señala que Yerlin Rolando Sánchez Guzmán era uno de los encargados de coordinar estas operaciones. Además de participar en la recuperación, distribución y comercialización de la cocaína, el Ministerio Público le atribuye la administración de dinero de la organización y la inversión de recursos presuntamente ilícitos en la compra de ganado bovino y bufalino como parte de un supuesto esquema de legitimación de capitales.

El expediente también identifica a Alberto Carranza Villegas, ya fallecido, y Adolfo Peña Ballesteros como presuntos responsables de recuperar cargamentos de droga en altamar para posteriormente venderlos a la estructura de alias Diablo. La Fiscalía sostiene que ambos también realizaban operaciones para ocultar el origen del dinero obtenido mediante el narcotráfico e introducirlo en la economía formal.

Según la investigación, ambos fungían como proveedores de la organización, aunque también habrían comercializado droga con otros grupos criminales sin autorización de Arias Monge, incumpliendo un supuesto pacto de exclusividad que, de acuerdo con el expediente, podía derivar en represalias, incluso con consecuencias fatales.

Como parte de las pesquisas, la Fiscalía indica que el 29 de noviembre de 2022 ambos fueron interceptados por oficiales de la Fuerza Pública sobre la ruta 32, frente a Plaza Moín, en Limón, mientras transportaban $8.540 y ₡34.000 ocultos en distintos compartimentos de un vehículo Isuzu D-Max y en un bolso. Durante la inspección, un perro especializado marcó el dinero, que presuntamente presentaba rastros de contaminación con droga. Las autoridades decomisaron el efectivo al considerar que los imputados no lograron justificar su procedencia.

La acusación incorpora además intervenciones telefónicas que, según el Ministerio Público, evidencian la coordinación de cargamentos de cocaína y los intentos de expandir las operaciones de «basureo» hacia Guanacaste. En una conversación interceptada el 4 de noviembre de 2022, Carranza Villegas y un hombre identificado como Ronald habrían negociado el traslado de droga hacia Nosara, incluyendo cantidades, precios y la logística para concretar la entrega.

Para la Fiscalía, estas comunicaciones respaldan la hipótesis de que Carranza Villegas desempeñaba un papel relevante en la recuperación y distribución de cocaína hacia distintos puntos del territorio nacional. El caso forma parte de la acusación que deberá analizar el Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada durante las siguientes etapas del proceso judicial.