Autoridades investigan presunta venta ilegal de cigarrillos en un local conocido como Super El Negro
Agentes del Organismo de Investigación Judicial allanaron este jueves el establecimiento conocido como Super El Negro, en San José, como parte de una investigación relacionada con presunto contrabando de cigarros y posibles vínculos con otras actividades criminales.
La intervención se realizó pasadas las 7:00 a.m. bajo dirección funcional del Ministerio Público.
El local es administrado por un exoficial de apellido Martínez, quien figura en antecedentes policiales vinculados con investigaciones por tráfico ilegal de cigarrillos.
Tras el operativo, las autoridades solicitaron apoyo de la Policía de Control Fiscal para realizar inspecciones administrativas y ejecutar el decomiso de mercadería encontrada dentro del comercio.
En las diligencias también participaron funcionarios de la Policía Municipal de San José y del Ministerio de Salud.
El negocio se ubica en calle 8, cerca del Mercado Borbón, una zona identificada por las autoridades como uno de los principales puntos de distribución de cigarrillos de contrabando en la capital.
Según investigaciones periodísticas publicadas recientemente, en el establecimiento se comercializaban cajetillas de distintas marcas con precios entre ₡200 y ₡1.000.
Las autoridades sospechan que parte de estos productos ingresaban ilegalmente al país evadiendo impuestos.
Martínez aparece relacionado con investigaciones similares desde hace varios años.
Uno de los operativos más relevantes vinculados a esta estructura ocurrió en 2017, cuando autoridades allanaron propiedades en Curridabat y decomisaron grandes cantidades de cigarrillos ilegales.
Además, en 2020 y 2025 se realizaron nuevas intervenciones policiales en inmuebles ligados al grupo investigado.
Solo en mayo del año pasado, las autoridades decomisaron cerca de cuatro millones de cigarrillos en operativos efectuados en calle 8, donde estimaron una evasión fiscal cercana a los ₡200 millones.
El caso continúa en investigación mientras las autoridades analizan posibles nexos de la estructura con otras actividades ilícitas.
