El fiscal general, Carlo Díaz, afirmó que el caso Leviatán evidencia que las medidas implementadas en la Terminal de Contenedores de Moín no lograron frenar el envío de droga hacia mercados internacionales El fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que los escáneres instalados en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y la Operación Soberanía, impulsada por el Gobierno para reforzar la vigilancia en el puerto, no lograron detener la exportación de cocaína desde Costa Rica. Según indicó, el caso Leviatán, en el que se investiga el envío de 14 toneladas de cocaína hacia Europa, demuestra que las estructuras criminales lograron burlar los controles establecidos. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, una organización dedicada a brindar apoyo logístico para contaminar cargamentos legales con droga habría realizado al menos 14 envíos de cocaína desde marzo de 2023, cuando los escáneres ya estaban en funcionamiento y la Operación Soberanía se encontraba activa. Díaz recordó que dicha estrategia implicó retirar a los agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) de la terminal portuaria y sustituirlos por oficiales de la Policía de Fronteras y de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC). «Estaban en funcionamiento los escáneres y la Operación Soberanía, que el señor expresidente Rodrigo Chaves había inaugurado. Él dijo que no iba a salir de Costa Rica ni un gramo más de cocaína. Aquí tenemos los ejemplos de que esa operación fue burlada«, manifestó el fiscal general. Según la investigación, los cargamentos tenían como destino Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, España, Noruega y Estados Unidos. Además, la Fiscalía sostiene que la organización contó con la participación de oficiales de la Policía de Fronteras, personal de seguridad privada y empleados de APM Terminals, quienes presuntamente facilitaron las operaciones ilícitas. Para Díaz, el caso también evidencia el impacto que tuvo la salida de la PCD de la terminal portuaria. El fiscal afirmó que la presencia de esa unidad especializada habría permitido detectar irregularidades y evitar parte de los envíos investigados. «Es evidente la falta que hacía la PCD en esa terminal portuaria. Si ahí hubiera estado, muy fácilmente hubiera detectado que miembros de la seguridad privada y otros estaban incumpliendo con sus funciones«, señaló. La controversia surgió cuando el Ministerio de Seguridad Pública modificó el esquema de vigilancia de la terminal bajo la estrategia denominada Operación Soberanía, asignando el control permanente del puerto a la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y el Servicio Nacional de Guardacostas. La medida fue ordenada por el entonces viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez Steller. Como parte del caso Leviatán, la Fiscalía dirigió 65 allanamientos simultáneos en seis provincias, con el objetivo de detener a 63 personas presuntamente vinculadas con la organización criminal. Entre los investigados figuran la hija y el yerno de Gilbert Bell Fernández, alias «Macho Coca», así como personas de apellidos Méndez León, Casanova Duarte y Camacho Jara. Entre los detenidos también se encuentran 10 oficiales de la Policía de Fronteras, 12 conductores de cabezales y 10 empleados de APM Terminals y de cooperativas subcontratadas. Durante los operativos, las autoridades decomisaron $139.000 y ₡11 millones, además de gestionar el decomiso y la anotación de bienes vinculados con la estructura criminal. La Fiscalía sostiene que el operativo volvió a evidenciar que organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan utilizando la Terminal de Contenedores de Moín para contaminar cargas legales y exportar cocaína hacia mercados internacionales, mientras las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red y la responsabilidad de los involucrados. Sidney Aguilar Navegación de entradas Así se pagará el feriado del 2 de agosto en Costa Rica
