Autoridades reconocen que sostenibilidad del proyecto dependerá del comportamiento real del sistema una vez entre en funcionamiento.

El Gobierno de Costa Rica mantiene la opción de subsidiar la operación del tren eléctrico si los costos superan los ingresos, una vez que el sistema entre en funcionamiento, previsto para el año 2030.
Así lo confirmaron autoridades del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y del Ministerio de Hacienda durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Según las proyecciones actuales, el Incofer estima que la recaudación por venta de boletos sería suficiente para cubrir la operación diaria; sin embargo, reconocen que el costo real del servicio solo se conocerá cuando el tren esté en marcha, ya que dependerá de variables como salarios, energía eléctrica, mantenimiento y operación.
El viceministro de Hacienda, Luis Molina, explicó que factores como la tarifa eléctrica en el 2030 podrían variar significativamente, lo que impactaría directamente los costos del sistema, especialmente al tratarse de un proyecto sin precedentes en el país.
La operación del tren estará a cargo de una empresa que se contratará mediante licitación cercana a la entrada en funcionamiento, lo que también genera incertidumbre sobre los costos finales.
El posible subsidio es uno de los principales cuestionamientos de los diputados que integran la Comisión, quienes deberán aprobar el proyecto de ley que incluye dos préstamos por un total de $800 millones para financiar la obra.
La diputada Paulina Ramírez solicitó una estructura financiera más clara basada en la tarifa proyectada, pero las autoridades reiteraron que estos datos solo estarán definidos cuando se adjudique la operación y el sistema esté en funcionamiento.
De acuerdo con el estudio de factibilidad, el precio del boleto rondaría los $2,30 para los recorridos más largos, como San José–Alajuela o San José–Paraíso, mientras que los trayectos intermedios tendrían un costo aproximado de $1,58.
El presidente ejecutivo del Incofer, Álvaro Bermúdez, señaló que las tarifas se basan en la disposición de pago del usuario y no prevé una reducción.
No obstante, admitió que, si la demanda estimada de 100.000 pasajeros diarios no se cumple, el Estado tendría que intervenir con recursos para sostener el sistema.
Actualmente, el Estado ya transfiere fondos al Incofer para la operación del tren, una práctica que podría mantenerse o ampliarse en el nuevo modelo.
Además del eventual subsidio, el país deberá asumir el pago de intereses de los préstamos y el costo de expropiaciones, estimado en $24 millones.
El futuro del tren eléctrico, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país, dependerá en gran medida de su viabilidad financiera y del respaldo legislativo en los próximos meses.




