La empresa retomó operaciones un mes después de la explosión en Santa Ana mediante una autorización temporal otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) permitió a la empresa Blue Flame reanudar operaciones en una planta distinta a la de Pozos de Santa Ana, donde ocurrió una explosión en marzo anterior, sin contar con un criterio técnico del Cuerpo de Bomberos que avalara las condiciones de seguridad de las instalaciones.
La autorización temporal y extraordinaria fue emitida el 6 de abril por la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC), permitiendo a Blue Flame utilizar las instalaciones de la planta envasadora Nano Gas S.A., ubicada en Lindora de Santa Ana.
Según confirmó el Minae, la decisión se tomó tras una solicitud de la empresa y una inspección previa realizada por la institución, además, justificó la medida bajo el principio de continuidad del servicio público, debido a que la compañía mantiene contratos para abastecer hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y centros penales del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, el jefe de la Unidad de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos, Allen Moya, confirmó que la institución no fue requerida por el Minae para emitir un criterio técnico sobre las condiciones de seguridad de la planta donde actualmente opera la empresa.
La situación también generó cuestionamientos ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), entidad que confirmó haber recibido una denuncia relacionada con un posible traslado irregular de operaciones.
El caso toma relevancia adicional debido a que Blue Flame figura dentro de una investigación que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción por una presunta red de alteración de informes técnicos y falsificación de firmas digitales para beneficiar a empresas del sector de combustibles y gas.
Mientras avanzan las investigaciones judiciales y administrativas, la planta original donde ocurrió la explosión continúa bajo una medida cautelar, mientras persisten dudas sobre los controles aplicados para autorizar la continuidad de las operaciones de la compañía.
