Proyecto de ley genera polémica por reducción de territorio indígena en Talamanca

Organizaciones advierten posibles afectaciones al pueblo Bribri de Këköldi

Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa encendió la preocupación de organizaciones indígenas y ambientalistas tras proponer una reducción de más del 30% del territorio indígena de Këköldi, ubicado en Talamanca.

La iniciativa, identificada bajo el expediente 25.545, plantea modificar los límites de la Reserva Indígena Bribri de Këköldi, lo que reduciría su extensión de aproximadamente 7.857 hectáreas a unas 5.386 hectáreas, según información publicada por Delfino.cr.

La propuesta fue presentada por la exdiputada Carolina Delgado Ramírez y busca establecer una nueva delimitación territorial en la zona de Cocles, argumentando conflictos relacionados con propiedades privadas y procesos judiciales anteriores.

Diversos sectores manifestaron preocupación por el impacto que podría generar esta medida sobre los derechos territoriales del pueblo indígena Bribri de Këköldi.

La organización ambientalista Bloque Verde advirtió que el proyecto podría aumentar la vulnerabilidad territorial de la comunidad indígena y beneficiar intereses relacionados con la especulación inmobiliaria en la zona del Caribe Sur.

Además, agrupaciones indígenas y ambientalistas cuestionan que una eventual modificación territorial pueda realizarse sin una consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La discusión también revive antiguos conflictos sobre la delimitación de la reserva indígena, documentos oficiales del Estado señalan que los límites de Këköldi ya habían sido modificados anteriormente mediante decretos ejecutivos, incluyendo reformas realizadas en 1996.

Incluso, normativa publicada en el sistema oficial SCIJ destaca que algunas ampliaciones territoriales previas fueron justificadas por razones de protección ambiental, conservación hídrica y reconocimiento de territorios tradicionalmente ocupados por comunidades indígenas.

Sectores críticos consideran que el proyecto podría sentar un precedente para otros territorios indígenas del país donde existen conflictos por ocupación de tierras.

El expediente fue presentado durante los últimos días del período legislativo 2022-2026 y actualmente aún no ha sido asignado a una comisión para su discusión formal en el Congreso.