El Ministerio Público concluyó la investigación y solicitó que el principal sospechoso enfrente un juicio por la muerte de los fundadores de Finca Lajas Donde Toño.La nueva calificación del caso permitiría imponer una pena más alta en caso de una eventual condena. La Fiscalía concluyó la investigación y solicitó llevar a juicio al principal sospechoso del doble homicidio ocurrido en Finca Lajas Donde Toño. La Fiscalía de Hatillo solicitó la apertura a juicio contra Elder Mairena, señalado como sospechoso del asesinato de José Antonio Badilla y Mauren Rodríguez, fundadores de Finca Lajas Donde Toño, ocurrido el 16 de noviembre de 2025 en San Antonio de Alajuelita. La acusación lo responsabiliza por dos delitos de homicidio calificado, tras concluir la etapa de investigación del caso. La investigación dio un giro durante el proceso judicial. Inicialmente el expediente se tramitaba como homicidio simple, pero la Fiscalía modificó la calificación jurídica a homicidio calificado, al considerar que existen elementos que agravan el hecho. Según la acusación, el imputado habría actuado con alevosía y ensañamiento, aprovechándose de la relación de confianza que mantenía con las víctimas, para quienes había trabajado anteriormente en la finca. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, el móvil del crimen habría sido el robo. La acusación sostiene que el sospechoso ingresó a la propiedad con la intención de sustraer bienes y utilizó un machete para atacar a la pareja. Pruebas respaldan la investigación Entre las evidencias incorporadas al expediente destacan los dictámenes de genética forense del OIJ, que detectaron rastros biológicos de ambas víctimas en varias prendas decomisadas al imputado. Asimismo, las autopsias y los análisis practicados al machete incautado concluyeron que las lesiones sufridas por José Antonio Badilla y Mauren Rodríguez son compatibles con ese tipo de arma. La investigación también señala que, tras el crimen, el sospechoso habría sustraído una pistola no letal perteneciente a una de las víctimas y posteriormente fue detenido por la Fuerza Pública portando esa arma. Las familias de las víctimas presentaron una querella penal y una demanda civil contra el imputado. El abogado de los familiares, Joseph Rivera, indicó que un informe pericial privado aportó elementos que contribuyeron al cambio de calificación jurídica del caso. El documento también desarrolla la hipótesis de que el crimen habría estado relacionado con diferencias laborales y económicas, aunque esos aspectos forman parte de la investigación presentada por las partes. El delito de homicidio calificado contempla penas de 20 a 35 años de prisión por cada víctima. Al tratarse de un doble homicidio, una eventual condena podría alcanzar hasta 70 años de prisión, aunque la legislación costarricense establece 50 años como límite máximo efectivo de cumplimiento. Con la solicitud de apertura a juicio, el expediente entra en una nueva etapa procesal. Ahora corresponderá al Juzgado definir si existen los elementos suficientes para enviar el caso a debate oral y público, donde se determinará la responsabilidad penal del acusado. Kembly Guevara Navegación de entradas Migración detiene a 56 peruanos que laboraban en mina de Puntarenas para iniciar su deportación
