Laura Fernández y Rodrigo Chaves cuestionaron que representantes del Poder Judicial no asistieran a la inauguración del nuevo centro penitenciario.
La mandataria pidió a los diputados solicitar explicaciones sobre decisiones judiciales relacionadas con casos de delincuencia violenta.

La inauguración del CACCO estuvo marcada por críticas del Gobierno ante la ausencia de jerarcas judiciales.

La inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), realizada el miércoles 14 de octubre en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, estuvo marcada por los cuestionamientos de la presidenta Laura Fernández y el ministro Rodrigo Chaves a la ausencia de magistrados, jueces y fiscales invitados a la actividad.

Durante la ceremonia, Fernández expresó su inconformidad por la ausencia de representantes de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, afirmó que algunos funcionarios judiciales favorecen a personas vinculadas con actividades delictivas, aunque no identificó a los funcionarios a quienes dirigía sus acusaciones ni presentó pruebas que las sustentaran.

La presidenta también cuestionó decisiones relacionadas con la prisión preventiva y pidió a los diputados presentes que soliciten explicaciones al Poder Judicial sobre actuaciones en casos de violencia criminal.

Entre los hechos mencionados por la mandataria estuvieron los homicidios del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales, ocurrido en mayo en Batán de Matina, y de un oficial de seguridad privada en Alajuelita. Fernández sostuvo que personas relacionadas con esos crímenes habían sido detenidas anteriormente y cuestionó que no permanecieran en prisión.

Rodrigo Chaves, quien actualmente ocupa los ministerios de Hacienda y de la Presidencia, también criticó la ausencia de los jerarcas judiciales. Durante su intervención, defendió la construcción del CACCO como parte de las acciones estatales para enfrentar el crimen organizado.

Aunque manifestó su respaldo a la separación de poderes, cuestionó decisiones judiciales que, según su criterio, dificultan la aplicación de medidas contra personas sospechosas de cometer delitos graves.

Consultada sobre la ausencia, Fernández aseguró que las invitaciones se enviaron por correo electrónico el 7 de octubre, una semana antes del acto. Añadió que personal de Protocolo realizó llamadas para consultar sobre la asistencia, pero que el Gobierno no recibió confirmaciones.

La mandataria aclaró que sus críticas no se dirigen a todos los funcionarios judiciales y reconoció el trabajo de quienes, según señaló, cumplen adecuadamente sus responsabilidades.