El proyecto de Hacienda plantea modificar el régimen de beneficios fiscales para instituciones públicas.CONARE advierte que nuevas obligaciones podrían reducir los recursos disponibles para las universidades estatales. CONARE pidió analizar el impacto presupuestario que tendría la eliminación de determinados beneficios tributarios para las universidades públicas. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) solicitó revisar los efectos que tendría el proyecto de ley N.° 25.797, Régimen de Beneficios Fiscales y Control del Gasto Tributario, presentado por el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa el 22 de setiembre de 2026. La propuesta contempla cambios a distintas exoneraciones tributarias, entre ellas las aplicables a universidades públicas. CONARE sostiene que la discusión del proyecto no debe limitarse al objetivo de revisar beneficios fiscales y aumentar la recaudación, sino que también debe considerar cómo los cambios afectarían los recursos disponibles para las universidades estatales. Según el Consejo, si las instituciones deben asumir nuevos pagos por bienes y servicios que actualmente cuentan con tratamientos tributarios específicos, esos recursos tendrían que salir de sus presupuestos. La posición fue planteada en un pronunciamiento divulgado por CONARE, que señala que las universidades públicas cumplen funciones en docencia, investigación, extensión, acción social, generación de conocimiento, innovación y cultura. El Consejo de Rectores pidió prestar especial atención a los artículos 39, 40 y 41 de la iniciativa. De acuerdo con CONARE, el proyecto plantea modificaciones y derogatorias sobre diferentes beneficios fiscales relacionados con impuestos como el IVA, derechos arancelarios, impuesto selectivo de consumo y otros. El organismo señala que el artículo 41, que establece las excepciones que permanecerían vigentes, no incluye expresamente el tratamiento tributario aplicado a las universidades estatales establecido en la Ley N.° 7293. Por ello, solicita que este punto sea revisado durante el trámite legislativo. Otro de los argumentos planteados por el Consejo está relacionado con el artículo 85 de la Constitución Política, que establece el Fondo Especial para la Educación Superior y las condiciones para modificar las rentas destinadas a este financiamiento. CONARE considera que cualquier reforma tributaria que aumente los costos de operación de las universidades debe analizarse tomando en cuenta esta garantía constitucional y procurando que no se reduzcan los recursos efectivos destinados a la educación superior estatal. El organismo también reconoce que el Estado puede revisar periódicamente los beneficios fiscales y fortalecer los mecanismos de transparencia y control del gasto tributario, pero solicita que cualquier modificación considere la naturaleza pública de las universidades y las funciones que desarrollan. El proyecto presentado por Hacienda no se limita al régimen tributario de las universidades públicas. La iniciativa contempla modificaciones a beneficios fiscales aplicables a otras instituciones públicas y organizaciones, entre ellas el Organismo de Investigación Judicial, las juntas de educación y las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas). La propuesta deberá continuar su trámite en la Asamblea Legislativa, donde serán analizados sus diferentes alcances. CONARE solicita que durante ese proceso se revisen los artículos señalados y se valore el impacto presupuestario que los cambios podrían generar para las universidades públicas. Kembly Guevara Navegación de entradas Fallo definitivo obliga a Autopistas del Sol a resarcir al Estado por obras viales
