La magistrada obtuvo los 12 votos necesarios durante la quinta ronda de la Corte Plena. Entre sus prioridades figuran la independencia judicial, el diálogo con el Gobierno y la defensa del presupuesto institucional. La nueva jerarca judicial señaló que defenderá la independencia institucional y el presupuesto del Poder Judicial. La magistrada Patricia Vargas González fue elegida este lunes 26 de octubre como nueva presidenta del Poder Judicial de Costa Rica, luego de obtener 12 votos en la quinta ronda de votación de la Corte Plena. Su elección marca el inicio de una nueva etapa al frente de la institución, en medio de discusiones sobre el presupuesto judicial y las relaciones con el Poder Ejecutivo. Tras su elección, Vargas manifestó que está dispuesta a dialogar con la presidenta de la República, Laura Fernández. Sin embargo, señaló que ese acercamiento debe desarrollarse bajo condiciones de respeto, buena fe y reconocimiento de las competencias de cada institución. La magistrada destacó la importancia de preservar la independencia del Poder Judicial como parte de cualquier conversación con el Gobierno. Otro de los temas señalados por la nueva jerarca es el financiamiento de la institución. Vargas anunció que defenderá el presupuesto del Poder Judicial ante las intenciones del Ministerio de Hacienda de aplicar recortes para los años 2026 y 2027. Al mismo tiempo, indicó que la institución debe prepararse para distintos escenarios financieros. En ese sentido, mencionó la necesidad de contar con un plan alternativo si no prospera la consulta de constitucionalidad presentada el viernes anterior a su elección. La designación se definió en la quinta votación de la Corte Plena. Vargas se impuso a los otros aspirantes: Patricia Solano Castro, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Damaris Vargas Vásquez. El proceso se desarrolló mediante votación pública, modalidad que permitió conocer la posición de los magistrados durante la escogencia de la nueva presidencia. La nueva presidenta tendrá entre sus principales retos conducir la institución en las discusiones sobre recursos presupuestarios y mantener las relaciones con los demás poderes del Estado, bajo el compromiso de resguardar la independencia judicial. Kembly Guevara Navegación de entradas CONARE pide revisar impacto de cambios tributarios sobre universidades públicas