Una propuesta impulsada por autoridades estadounidenses contempla aplicar un recargo a las importaciones procedentes de países señalados por supuestas deficiencias en el control de bienes vinculados al trabajo forzoso. El Gobierno costarricense anunció que participará en la etapa de consulta pública. Vista general de instalaciones portuarias y de exportación, sector que sigue de cerca la propuesta comercial planteada por Estados Unidos. La propuesta impulsada por Estados Unidos establece un recargo de entre un 10% y un 12,5% para las importaciones provenientes de naciones que, según la evaluación de ese país, no han implementado o ejecutado de manera efectiva prohibiciones dirigidas a impedir el ingreso de mercancías asociadas con trabajo forzoso. Costa Rica aparece en ese listado junto a otras economías como Canadá, Chile, Australia, Israel, El Salvador, Guatemala, Perú y Uruguay, entre un total de 60 territorios señalados dentro del documento divulgado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. De acuerdo con esa entidad, la ausencia de mecanismos eficaces para evitar este tipo de importaciones genera distorsiones en el comercio internacional y coloca a los trabajadores estadounidenses en una posición de desventaja frente a competidores extranjeros. El embajador Jamieson Greer sostuvo que esta situación obliga a los trabajadores de su país a competir bajo condiciones desiguales a nivel global, por lo que indicó que Estados Unidos no está dispuesto a mantener ese escenario. Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) informó que dará seguimiento cercano a las siguientes etapas del procedimiento y coordinará las acciones necesarias para intervenir en la consulta pública. La institución señaló que el objetivo es resguardar los intereses del sector productivo y exportador costarricense ante una eventual decisión definitiva. La medida aún no ha sido aprobada y deberá superar la fase de audiencias programadas para el 7 de julio. Posteriormente, las autoridades estadounidenses determinarán si mantienen, modifican o descartan la imposición de estos aranceles adicionales, un proceso que será observado de cerca por los sectores vinculados al comercio exterior del país. El resultado de la consulta pública será determinante para definir si Costa Rica enfrentará nuevos costos en el acceso al mercado estadounidense, por lo que el Gobierno y los exportadores permanecerán atentos a la resolución final que adopten las autoridades comerciales de ese país. Kembly Guevara Navegación de entradas IKEA abre proceso de reclutamiento y prepara su desembarco en Costa Rica Empresas afinan medidas para mantener el ritmo laboral durante el Mundial 2026