Empleados del PANI denuncian amenazas durante intervenciones en zonas de riesgo

ANEP asegura que funcionarios de la oficina de Hatillo han recurrido a mecanismos de protección del Ministerio Público tras recibir amenazas que estarían vinculadas con grupos criminales

Funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que realizan intervenciones en comunidades consideradas de riesgo han enfrentado amenazas, seguimiento y otros hechos de intimidación, según denuncias de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Jeffry Hernández Rojas, asesor sindical de ANEP en el PANI, afirmó que algunos trabajadores de la oficina de Hatillo han acudido a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público. Sin embargo, indicó que desconoce cuántos funcionarios se encuentran actualmente bajo protección.

De acuerdo con el dirigente sindical, los trabajadores deben ingresar a comunidades donde se reporta la presencia de estructuras relacionadas con el narcotráfico y otras actividades delictivas.

Hernández señaló que durante algunas intervenciones los funcionarios han recibido amenazas y referencias a grupos que presuntamente operan en esos sectores.

Reportan presencia de hombres armados y seguimiento

ANEP sostiene que las situaciones denunciadas van más allá de las amenazas verbales.

Según Hernández, la sede del PANI en Hatillo habría recibido impactos de bala y también se han reportado situaciones como vigilancia sobre los movimientos de los funcionarios, fotografías de empleados, seguimiento a vehículos institucionales y presencia de personas con armas de fuego.

Uno de los hechos señalados por el sindicato ocurrió el 6 de agosto de 2025, cuando, según su versión, un equipo del PANI fue rodeado por al menos cuatro sujetos armados con armas punzocortantes.

Ante esa situación, los funcionarios tuvieron que retirarse del sitio para resguardar su integridad.

Para ANEP, estos hechos reflejan las condiciones de riesgo que enfrentan los trabajadores encargados de atender casos relacionados con la protección de menores.

Intervenciones sin acompañamiento policial

El sindicato también cuestiona la forma en que se realizan algunas visitas a comunidades consideradas peligrosas.

Hernández explicó que trabajadores sociales, psicólogos y abogados pueden ingresar a callejones o sectores de difícil acceso mientras el conductor permanece dentro del vehículo institucional.

Según el dirigente, esto puede dejar al profesional solo en una zona catalogada como de alto riesgo.

Además, afirmó que no siempre hay disponibilidad de oficiales de la Fuerza Pública para acompañar a los funcionarios, incluso cuando se trata de intervenciones consideradas de emergencia.

ANEP señala falta de protocolos

El sindicato asegura que recibe reportes sobre situaciones de riesgo en oficinas locales del PANI desde finales de 2024.

Hernández también mencionó un caso ocurrido en la región del Pacífico, donde, según su denuncia, un vehículo institucional utilizado por una funcionaria recibió disparos durante una intervención.

La trabajadora se encuentra actualmente con permiso sin goce de salario, debido, según el dirigente sindical, al impacto emocional que le habría provocado el incidente.

ANEP afirma además que el 8 de octubre de 2025 recibió una comunicación de la Dirección Regional San José Sur en la que se reconocían dificultades para establecer rutas claras de protección ante escenarios relacionados con crimen organizado, zonas de alto riesgo, amenazas, homicidios, reclutamiento de menores para actividades delictivas, drogas y violencia.

Solicitan coordinación con Fuerza Pública y OIJ

Ante estas situaciones, ANEP solicita al PANI establecer procedimientos específicos para las intervenciones en comunidades de alto riesgo.

Entre las medidas planteadas están la creación de mecanismos de alerta, una coordinación más efectiva con la Fuerza Pública y el OIJ, acompañamiento de seguridad cuando las circunstancias lo requieran y apoyo psicológico para los funcionarios expuestos a situaciones de violencia o intimidación.

El sindicato sostiene que los trabajadores deben contar con condiciones de seguridad que les permitan desarrollar las labores de protección de menores sin comprometer su propia integridad.