Fiscalía busca frenar tala de 751 árboles en playa Panamá

Ministerio Público pidió suspender un permiso ambiental mientras se investiga un proyecto turístico en Guanacaste

La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental solicitó la suspensión inmediata del permiso que autoriza la tala de 751 árboles en una finca ubicada en playa Panamá, en Sardinal de Guanacaste. La gestión pretende evitar una posible afectación irreversible al ecosistema mientras avanza una investigación penal relacionada con el proyecto turístico Bahía Papagayo.

La solicitud fue presentada el pasado 15 de mayo ante el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José y actualmente se encuentra pendiente de resolución. El Ministerio Público busca impedir cualquier intervención en el terreno hasta que se esclarezcan los hechos bajo investigación.

Como parte de las medidas cautelares, la Fiscalía pidió ordenar a la empresa concesionaria y a terceros abstenerse de realizar labores de tala, eliminación de cobertura vegetal, movimientos de tierra o construcciones dentro de la propiedad. La intención es preservar las condiciones actuales del sitio mientras se desarrolla el proceso judicial.

Además, solicitó la anotación registral de la causa penal sobre la finca concesionada y la comunicación de la medida a entidades como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Estas acciones buscan reforzar la protección del área investigada y garantizar el cumplimiento de eventuales medidas judiciales.

La investigación está relacionada con el proyecto turístico Bahía Papagayo, impulsado por la empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. La causa pretende determinar si existió alguna conducta irregular vinculada con cambio de uso de suelo en terrenos boscosos, incumplimiento de deberes, prevaricato o falsedad ideológica.

Según la Fiscalía, existen criterios técnicos y periciales que apuntan a que el inmueble posee características propias de un ecosistema boscoso protegido por la Ley Forestal. Pese a ello, la autorización de corta habría sido otorgada mediante la figura de inventario forestal.

El caso se desarrolla en paralelo a otras disputas legales relacionadas con el Polo Turístico Golfo de Papagayo. En abril anterior, la Sala Constitucional ordenó suspender permisos de tala y construcción vinculados con proyectos hoteleros dentro de ese desarrollo turístico.

La acción surgió tras cuestionamientos sobre una normativa que permitía trasladar derechos de construcción entre fincas concesionadas no colindantes. Los opositores sostenían que esa figura podía generar un aumento en la densidad constructiva originalmente autorizada para determinados terrenos.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo derogó el decreto que permitía la compensación de densidad y cobertura dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo. Sin embargo, especialistas en derecho ambiental han advertido que la eliminación de esa normativa no impide automáticamente la tala de árboles en la zona.

Mientras tanto, continúan pendientes acciones de inconstitucionalidad que cuestionan otras disposiciones relacionadas con el desarrollo turístico y la protección ambiental. Las futuras resoluciones judiciales podrían tener un impacto directo sobre el proyecto Bahía Papagayo y sobre la posibilidad de ejecutar o no la tala autorizada.