Instituciones deberán garantizar atención en áreas esenciales pese al receso programado entre el 6 y el 10 de julio

Los servicios públicos no se detendrán por completo durante las vacaciones colectivas decretadas por el Gobierno para la semana del 6 al 10 de julio. Las instituciones estatales deberán implementar medidas para garantizar la continuidad de las funciones esenciales y la atención de emergencias.

La disposición establece que los funcionarios del sector público disfrutarán de vacaciones durante ese período, aunque algunas entidades quedarán excluidas o aplicarán esquemas especiales de funcionamiento. Cada jerarca será el encargado de definir la forma en que se aplicará la medida dentro de su institución.

Entre las entidades que mantendrán servicios prioritarios se encuentran el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Procuraduría General de la República, el Registro Nacional, los cuerpos policiales y las instituciones responsables de la atención de emergencias. Estos organismos deberán garantizar la continuidad de sus operaciones debido a la naturaleza de sus funciones.

En el caso del MEP, aunque los estudiantes estarán en vacaciones de medio año, las autoridades deberán asegurar el funcionamiento normal de los comedores escolares. La directriz obliga a mantener este servicio para garantizar la alimentación de miles de estudiantes beneficiarios.

Además, las instituciones públicas deberán adoptar las acciones necesarias para mantener abiertas aquellas oficinas cuya operación resulte indispensable para la ciudadanía. Los usuarios deberán ser informados oportunamente sobre los horarios y mecanismos de atención que estarán disponibles durante esos días.

La normativa también exige que exista personal disponible para responder de inmediato ante cualquier situación de emergencia. El objetivo es evitar afectaciones en servicios críticos o en la capacidad de respuesta institucional.

Por otra parte, las plataformas digitales del Estado deberán mantenerse operativas durante toda la semana de vacaciones. Los portales web, sistemas de trámites en línea y servicios automatizados continuarán funcionando para facilitar el acceso de la población a los servicios públicos.

Las entidades también deberán procurar que los ciudadanos puedan presentar y gestionar trámites por medios electrónicos. Cuando los procesos no puedan completarse automáticamente, deberán ser atendidos una vez que los funcionarios retomen sus labores.

La medida fue oficializada el pasado 16 de junio mediante una directriz firmada por la presidenta Laura Fernández Delgado y emitida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). El Gobierno argumenta que la decisión ayudará a reducir el congestionamiento vial generado por obras estratégicas que se ejecutan en distintas rutas nacionales.

Asimismo, las autoridades informaron que durante esos días se desarrollarán trabajos ferroviarios que obligarán a suspender temporalmente el servicio de tren hacia Cartago. La intervención forma parte de obras programadas por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en varios puentes de la red ferroviaria.

El Poder Ejecutivo también extendió una invitación a otras instituciones autónomas y poderes de la República para que valoren aplicar medidas similares. La decisión final dependerá de las condiciones y necesidades operativas de cada entidad.