Gobierno analiza cobrar el 13% de IVA a la canasta básica con devolución a hogares vulnerables

La propuesta busca sustituir la tarifa reducida actual por un modelo de compensación dirigido a las familias de menores ingresos.

Actualmente, los productos de la canasta básica tributaria pagan una tarifa reducida del 1% de IVA. La propuesta del Ejecutivo plantea eliminar ese beneficio general y establecer un IVA personalizado, en el que todos los consumidores paguen la misma tarifa, mientras que las familias en condición de vulnerabilidad reciban una devolución del impuesto.

Para identificar a los beneficiarios, el Gobierno podría apoyarse en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), que reúne información socioeconómica utilizada para la asignación de ayudas sociales.

Principales desafíos

Especialistas coinciden en que uno de los principales retos será garantizar que la devolución del impuesto llegue únicamente a quienes realmente la necesitan y evitar que personas vulnerables queden fuera del sistema.

Además, el economista y exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez considera que las devoluciones deberían realizarse de forma periódica y expedita, lo que requeriría que los beneficiarios cuenten con una cuenta bancaria para recibir los depósitos.

Otro aspecto clave será definir con precisión cuáles productos integrarán la canasta básica tributaria, ya que de ello dependerá tanto el monto que recibirán las familias como el impacto de la medida sobre la recaudación del Estado.

Posibles efectos económicos

El economista Luis Vargas, del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, advirtió que la propuesta podría afectar el consumo, debido a que todos los hogares tendrían que asumir inicialmente el pago del 13% de IVA, incluso aquellos que posteriormente recibirían una devolución.

Según explicó, el mecanismo también podría influir en el gasto de las familias y, en consecuencia, en el comportamiento de la economía.

Modelos de devolución del IVA similares ya han sido implementados en países como Colombia, Uruguay, Argentina, Ecuador y Bolivia. De acuerdo con especialistas, este tipo de esquema también es respaldado como una buena práctica por organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial.

La propuesta aún se encuentra en análisis y formará parte del plan fiscal que el Gobierno prevé presentar en las próximas semanas como respuesta al deterioro de las finanzas públicas.