Recortes presupuestarios, retención de recursos y limitaciones operativas han impactado investigaciones, infraestructura y contratación de personal especializado El Poder Judicial sostiene que seis decisiones adoptadas entre 2022 y 2026 por las administraciones de Rodrigo Chaves y Laura Fernández han debilitado la capacidad institucional para enfrentar el crimen organizado en Costa Rica. Según la institución, las medidas han provocado recortes presupuestarios, fuga de personal especializado, paralización de plazas policiales y restricciones en investigaciones criminales, afectando directamente el funcionamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otros programas de justicia. La primera medida señalada ocurrió durante la elaboración del Presupuesto Ordinario de 2023, cuando se aplicó un recorte de ₡7.838 millones al Poder Judicial. Entre las afectaciones reportadas destacan una disminución de ₡1.136 millones para la compra de chalecos antibalas y de ₡126 millones destinados a gastos confidenciales utilizados en investigaciones de narcotráfico y secuestros. Ese mismo año, el OIJ también enfrentó reducciones en recursos para la adquisición de kits de ADN, reactivos para análisis de drogas, compra de ataúdes para víctimas de homicidio, bolsas para cadáveres y alimentación de personas detenidas en celdas, lo que, según la institución, impactó áreas esenciales de investigación forense y atención de casos. Como tercera acción, el Poder Judicial atribuye a la implementación de la Ley de Empleo Público una fuga de al menos 300 profesionales especializados, debido a la pérdida de competitividad salarial. La institución recuerda que un proyecto para excluir al OIJ de esa normativa no prosperó tras recibir oposición desde el Poder Ejecutivo. Posteriormente, a finales de 2023, el Ministerio de Hacienda impidió trasladar ₡2.000 millones ahorrados por el OIJ a un fideicomiso destinado a infraestructura policial. La institución denunció que existió una subejecución inducida, al recibir recursos para procesos de compra cuando ya no era posible completar las licitaciones antes del cierre del año. La quinta decisión corresponde a la retención de ₡8.688 millones aprobados por la Asamblea Legislativa para financiar 176 plazas de investigación en el OIJ y 99 fiscales. Aunque el Congreso volvió a aprobar esos recursos en 2025 y 2026, el Poder Judicial afirma que el dinero no ha sido transferido en su totalidad. De acuerdo con la institución, únicamente se liberó un abono parcial de ₡3.000 millones, mientras que el resto permanece pendiente. Además, el Poder Judicial sostiene que durante ese proceso recibió críticas públicas por parte del entonces presidente Rodrigo Chaves y de la entonces ministra de la Presidencia, Laura Fernández, quienes cuestionaron las solicitudes de recursos de la institución. También señala que Hacienda sí financió cerca de 900 plazas para la Fuerza Pública utilizando la misma fuente presupuestaria que fue rechazada para el Poder Judicial. La sexta acción ocurrió a mediados de 2026, cuando la Dirección de Presupuesto Nacional aplicó una reducción del 10 % a las cuotas presupuestarias del tercer y cuarto trimestre, lo que representó un nuevo ajuste de ₡3.053 millones. Ante esa decisión, la Corte Plena autorizó a su presidente, Orlando Aguirre, a emprender acciones contra lo que calificó como un debilitamiento de los recursos institucionales. Según datos del Poder Judicial, estas decisiones han generado un fuerte impacto en áreas estratégicas. El programa de Investigación Criminal del OIJ registra un recorte de ₡943,7 millones, afectando principalmente combustibles, telecomunicaciones, mantenimiento de vehículos e insumos científicos. Asimismo, el Programa de Protección a Víctimas y Testigos enfrenta limitaciones para reubicaciones de emergencia, transporte protegido y alimentación, mientras que la falta de recursos para peritajes y viáticos incrementa la mora judicial y dificulta la atención en zonas rurales e indígenas. La institución advierte que la paralización en la contratación de personal especializado y las limitaciones para adquirir equipos científicos podrían incrementar el riesgo de impunidad en investigaciones complejas relacionadas con el narcotráfico y otras estructuras del crimen organizado. Además, recuerda que el Ministerio de Hacienda solicitó recientemente una rebaja adicional del 5 % del presupuesto vigente, equivalente a ₡27.076 millones, mientras que la Corte Plena acordó devolver ₡13.220 millones al Gobierno Central, monto que se suma a ₡3.000 millones que, según el Poder Judicial, aún no han sido transferidos. Sidney Aguilar Navegación de entradas Fiscalía de El Salvador pide condenas de miles de años para líderes de la MS-13
