El histórico juicio colectivo contra la cúpula de la Mara Salvatrucha concluyó tras tres meses de audiencias. El tribunal ahora deberá analizar las pruebas antes de emitir sentencia La Fiscalía General de El Salvador solicitó condenas de miles de años de prisión para los principales líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), al concluir este martes el juicio colectivo contra la estructura criminal, considerado el primer proceso masivo dirigido contra la cúpula de una pandilla en el país. El proceso judicial, que inició el 20 de abril, involucra a 485 imputados, entre ellos los 22 integrantes de la denominada «ranfla histórica», señalados como los máximos dirigentes de la organización criminal. Las audiencias se desarrollaron durante tres meses y fueron seguidas de manera virtual desde distintos centros penitenciarios, incluido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Antes de dictar sentencia, el Tribunal Contra el Crimen Organizado deberá analizar un expediente compuesto por 650 audios y 22.000 folios, que incluyen actas policiales, autopsias, álbumes fotográficos y otros elementos probatorios presentados por la Fiscalía. Según el Ministerio Público, los acusados enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos presuntamente cometidos entre 2012 y 2022. La Fiscalía sostiene que los procesados serían responsables de 14.420 hechos delictivos y los señala de utilizar el sistema conocido como «apertura de válvulas», mediante el cual presuntamente ordenaban asesinatos desde los centros penitenciarios. Durante el juicio también se presentaron pruebas sobre la supuesta conformación de 230 células de la pandilla distribuidas en distintas zonas del país. El Órgano Judicial informó que la Fiscalía solicitó la pena máxima para cada acusado por cada uno de los delitos atribuidos, además del pago de 9 millones de dólares como responsabilidad civil por el delito de extorsión agravada. El fiscal especializado en Crimen Organizado, Max Muñoz, afirmó previamente que las penas solicitadas impedirían que los procesados recuperen la libertad. Según sus declaraciones, las condenas serían tan extensas que «no les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas». Entre los hechos investigados figuran los 87 homicidios ocurridos en marzo de 2022, que llevaron al presidente Nayib Bukele a decretar un régimen de excepción, medida bajo la cual han sido detenidas alrededor de 92.000 personas. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno salvadoreño, al señalar presuntas violaciones a los derechos fundamentales, falta de independencia judicial y el encarcelamiento de personas inocentes. Por su parte, el Ejecutivo sostiene que las medidas han permitido debilitar significativamente a las estructuras criminales. Sidney Aguilar Navegación de entradas Denuncian al director general de Salud por presuntas irregularidades en uso de recursos públicos Gobierno acumula seis decisiones que, según el Poder Judicial, debilitan la lucha contra el crimen organizado
