La iniciativa busca aumentar las sanciones contra organizaciones criminales vinculadas con actividades como la minería ilegal en Crucitas y otros delitos contra los recursos naturales Un acuerdo entre las fracciones del bloque democrático y el oficialismo permitirá avanzar en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que pretende endurecer las penas de prisión por delitos ambientales cuando sean cometidos por organizaciones criminales. La iniciativa busca reforzar el combate a actividades ilícitas como la minería ilegal en Crucitas. El proyecto, impulsado originalmente por el exdiputado del Frente Amplio, Ariel Robles, propone reformas a varias leyes ambientales para incrementar las sanciones cuando los delitos sean ejecutados por grupos organizados. Actualmente, el Código de Minería establece penas de tres meses a cinco años de prisión para quienes desarrollen actividades de reconocimiento, exploración o explotación minera dentro del Patrimonio Natural del Estado, que incluye parques nacionales, reservas biológicas y otras áreas silvestres protegidas. El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, destacó el consenso alcanzado entre las distintas bancadas para impulsar la iniciativa y fortalecer la protección de los recursos naturales y la biodiversidad del país. Explicó que, una vez aprobado en primer debate, el expediente será retrotraído a comisión para incorporar un texto sustitutivo elaborado con los aportes de todas las fracciones legislativas. Por su parte, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Diana Murillo, afirmó que es necesario imponer sanciones más severas a las organizaciones criminales que obtienen ganancias mediante la explotación ilegal de los recursos naturales, como ocurre en Crucitas. La propuesta plantea aumentar entre dos y cuatro años de prisión las penas contempladas en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley Forestal y la Ley de Pesca y Acuicultura, cuando los delitos sean cometidos por un grupo estructurado de dos o más personas que actúe de manera organizada. Además, reforma el artículo 6 de la Ley de Protección de Tortugas Marinas, estableciendo penas de uno a tres años de prisión para quienes maten, cacen, capturen, trasieguen o comercialicen tortugas marinas, y de tres meses a dos años para quienes retengan o vendan con fines comerciales productos derivados de estas especies. En el caso del Código de Minería, el proyecto incorpora un agravante específico para organizaciones criminales, elevando las penas de tres a seis años de prisión cuando estos delitos sean cometidos por grupos delictivos organizados, sin modificar la sanción vigente de tres meses a cinco años para la explotación minera ilegal dentro del Patrimonio Natural del Estado. De recibir el aval en primer debate, el expediente regresará a la Comisión de Ambiente, donde se presentará un texto sustitutivo que incorporará los acuerdos alcanzados entre las distintas fracciones legislativas antes de continuar su trámite. Sidney Aguilar Navegación de entradas Fiscal responde al Gobierno por traslado de “Diablo”: “¿Qué temen?”
