La presidenta legislativa enfrenta cuestionamientos por cambios en comisiones, propuestas sobre control político y el archivo del caso contra Fabricio Alvarado
Las primeras semanas de Yara Jiménez al frente de la Asamblea Legislativa ya provocaron fuertes críticas de las bancadas de oposición, que cuestionan varias decisiones tomadas desde la presidencia del Congreso.
Uno de los principales temas de controversia surgió tras la intención de limitar el espacio de control político dentro del plenario legislativo, mecanismo utilizado por los diputados para fiscalizar al Gobierno, denunciar situaciones de interés nacional y plantear posiciones políticas.
Aunque actualmente ese espacio no cuenta con una reglamentación formal, la propuesta generó rechazo inmediato entre diputados de oposición, quienes consideran que cualquier restricción afectaría la fiscalización parlamentaria.
Otro foco de conflicto apareció con la integración de las comisiones legislativas, la oposición denunció que Jiménez ignoró varias solicitudes presentadas por las fracciones para definir qué diputados integrarían cada comisión.
Las críticas provinieron de bancadas como Frente Amplio, Partido Liberación Nacional, Partido Unidad Social Cristiana y Agenda Ciudadana, cuyos representantes aseguraron que la distribución realizada fue distinta a la solicitada.
La diputada Abril Gordienko calificó la conformación como “muy inusual” y señaló que las jefaturas legislativas pidieron revisar los nombramientos.
Sin embargo, la decisión que más reacciones provocó fue el archivo definitivo de los informes relacionados con la investigación por presunto acoso sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado.
Aunque el Departamento Legal del Congreso indicó inicialmente que la Asamblea vigente sí podía discutir y votar los informes, Jiménez posteriormente decidió archivarlos tras recibir un criterio del Departamento de Servicios Técnicos que señalaba que el plazo de votación había vencido.
La resolución fue interpretada por diputados de oposición como un blindaje político hacia el exlegislador.
El diputado Jonathan Villalta afirmó que la decisión representa “impunidad” y una “red de cuido”, mientras que otros legisladores cuestionaron que no se priorizara la protección de la denunciante.
Por su parte, el diputado Álvaro Ramírez señaló que el oficialismo estaría protegiendo a una figura denunciada incluso por la actual presidenta de la República, Laura Fernández.
Tras rechazarse una apelación con 29 votos contra 24, los tres informes quedaron archivados de manera definitiva.
Las decisiones tomadas por Jiménez marcan un inicio de gestión cargado de tensiones políticas dentro del Congreso y anticipan un ambiente de confrontación entre el oficialismo y las bancadas opositoras.
