La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos aprobó una investigación sobre la ejecución de los recursos del FEES.
Los rectores aseguran que colaborarán con el proceso y piden que el análisis se base en datos verificables.

La Asamblea Legislativa investigará la ejecución de los recursos del FEES por parte de las universidades públicas.

La Asamblea Legislativa investigará el manejo de los recursos destinados a las universidades estatales, luego de que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos aprobara una moción para revisar la ejecución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Como parte del proceso, se convocará a representantes de las casas de enseñanza para rendir cuentas ante los diputados.

La investigación surge tras cuestionamientos planteados por legisladores sobre el destino de los recursos públicos asignados a las universidades estatales.

El diputado Gonzalo Ramírez, de Pueblo Soberano, señaló que el objetivo es esclarecer cómo se utilizan los fondos provenientes del FEES y determinar si responden a las necesidades de los estudiantes y del sistema de educación superior.

Según indicó, la iniciativa también busca garantizar que los recursos públicos se administren con eficiencia y transparencia.

Para este año, el Fondo Especial para la Educación Superior asciende a ¢593 mil millones, monto que representa cerca del 21% del gasto nacional en educación.

El debate ocurre en medio de una discusión sobre el financiamiento universitario, luego de que el Gobierno manifestara que no prevé incrementos significativos en el presupuesto de las universidades estatales sin una redistribución de los recursos.

La administración también ha planteado que futuros aumentos deberían priorizar carreras con mayor demanda laboral.

Rectores respaldan la fiscalización

Tras conocerse la decisión de los diputados, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) manifestó que las universidades públicas están dispuestas a colaborar con cualquier proceso de revisión.

No obstante, la organización insistió en que el análisis debe sustentarse en información objetiva, verificable y con respaldo técnico, reiterando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

En las próximas semanas, la comisión legislativa definirá el cronograma de comparecencias de los representantes universitarios. La investigación forma parte del debate sobre el futuro financiamiento de la educación superior pública y el uso de los recursos estatales.